Foto por: Policía Nacional
Con medida de aseguramiento de detención preventiva fueron
cobijados John Jairo Pulido Pulgarín, alcalde del municipio de La Palma,
Cundinamarca, y el contratista José Raúl Cruz Quintero. A ambos, la Fiscalía
los acusó de irregularidades detectadas en el contrato 073 del 30 de marzo 2020
para el suministro de productos de consumo básico y de aseo a la población
vulnerable durante la pandemia del Covid-19.
La Fiscalía Especializada adscrita a la Unidad de
Administración Pública de la Seccional Cundinamarca, en coordinación con la
Dirección Anticorrupción de la Fiscalía General, les imputó al alcalde Pulido
Pulgarín y a Cruz Quintero, en calidad de coautor e interviniente, los delitos
de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en
la celebración de contratos, peculado en la modalidad de tentativa y falsedad
ideológica en documento público.
Según la investigación, al parecer se habrían presentado
sobrecostos en el contrato por $65 millones en los productos facturados. “Se
evidenció que el mandatario local y el contratista, al parecer, no documentaron
el cómo, cuándo, dónde y a quiénes específicamente se entregaron los mercados,
los kits de aseo y de seguridad personal, que debían ser destinados a las
familias afectadas por la emergencia sanitaria en el municipio de La Palma”,
dice la Fiscalía.
La Fiscalía presume que se habrían vulnerado los principios
de transparencia y selección objetiva, toda vez que el diseño del contrato y su
adjudicación no se ajustan a los requerimientos que exige la ley en estos
casos. “Desde un principio, al alcalde Pulido Pulgarín le asistía un interés
por adjudicarle a este empresario el contrato, como lo hizo saber públicamente
varias veces en los medios de comunicación; incluso, en entregarle la
administración de un parque automotor del Municipio, dinero que no alcanzó a
salir de las arcas de la población”, dice le ente acusador en el documento de
imputación.
Al término de las audiencias, el juez les impuso la
detención domiciliaria a los investigados como medida de aseguramiento
preventiva.
Con información de El Nuevo Siglo.
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